Representar los intereses especificos individuales o colectivos de los sectores de la población que por razones económicas, sociales, étnicas, geográficas, culturales o por algún grado de vulneración, demanden la actuación de Gobierno en la prestación del servicio de defensa pública ante las autoridades administrativas y los órganos jurisdiccionales.
Ser reconocidos como una organización pública seria y profesional que en el marco de derecho brinda servicios de asesoría, gestión, representación y defensa juídica gratuita, integral, incluyente, de calidad y sentido comunitario, que contribuya al pleno respeto a los derechos humanos y a los valores de justicia, equidad y armonía social.